*Proponen sancionar al acosador, lo mismo que la omisión de las instituciones escolares, públicas o privadas en los casos de bullying
La Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 04 de octubre de 2024.- La diputada panista María Irene Montiel Servín, presentó
el pasado 2 de octubre, una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del
Estado de Guerrero con el objeto de incluir la definición de acoso escolar
establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dicho
ordenamiento estatal, e implementar las debidas sanciones a prestadores de
servicios educativos que bajo su cuidado permitan acciones u omisiones que
permitan este tipo de abuso.
Al exponer en tribuna el
sentido de la iniciativa, la diputada representante del Partido Acción Nacional
refirió que, pese a que los tiempos han cambiado y ciertas situaciones aún se
consideran como normales o cotidianas, es importante adaptar la legislación
local a la realidad y a los problemas sociales que actualmente se viven en los
diferentes rubros, como es el caso del sector educativo.
Al respecto, la diputada
María Irene Montiel detalló que al revisar la ley vigente en materia de
educación, se percató de que este ordenamiento no cuenta con un apartado,
artículo o disposición que considere el acoso escolar, por lo que resulta
urgente que el Congreso del Estado haga las modificaciones pertinentes para
integrarlo, así como implementar sanciones, toda vez que es una obligación de
las diputadas y diputados establecer las bases para garantizar una educación
plena y segura para las y los guerrerenses.
Agregó que esta
propuesta de reforma también da seguimiento a lo que establece la SCJN, al ser
la que determinó las bases que configuran el abuso, así como definir de forma
clara el acoso escolar o “bullying”, el cual es todo acto u omisión que de
manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una
niña, niño o adolescente, mismo que debe ser castigado, al igual que la omisión
de las instituciones escolares, sean públicas o privadas.
Agregó que estas
acciones contemplan a las autoridades, gubernamentales, de las instituciones
educativas y sociedad en general, quienes deben velar para que la niñez y la
adolescencia alcance su pleno desarrollo.
“El Estado debe
garantizar que la educación se preste en un ambiente seguro y estimulante,
cuidando que las escuelas provean un ambiente libre de violencia, generando los
ordenamientos jurídicos que garanticen el sano desarrollo y dando cumplimiento
a la Declaración sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros”, apuntó.
