REDACCIÓN/
Chilpancingo, Gro., 31 de octubre de 2024.- El Congreso
del Estado de Guerrero aprobó este jueves la minuta con proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política federal.
En el
dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y
fundamentado desde tribuna por su presidenta, la diputada Gloria Citlali
Calixto Jiménez, se señala que realizar reformas a la Constitución es propio de las democracias
representativas y corresponde al Poder Reformador Constitucional, establecido
en el artículo 135 del Pacto Federal, evitar la inmovilidad jurídica,
favoreciendo los cambios que la realidad exige como necesarios.
Agregó que,
en caso de que esto no ocurriera, la Carta Magna estaría condenada a perder su
sentido como documento rector de la nación, al dejar que órganos secundarios
establezcan cambios normativos basados en interpretaciones en desuso, o estableciendo
barreras para la vigencia de aquellas modificaciones que provienen del propio
proceso instituido por el Poder Constituyente.
“Las razones
anteriores se suman a la consideración propia y característica de un estado social
y democrático de derecho, de que ninguno de los poderes constituidos puede
alterar los términos establecidos en la Constitución, que es la ley suprema que
delinea los contornos del Pacto Federal”, indicó.
Fijó su
postura en contra de la reforma la diputada María Irene Montiel Servín (PAN),
considerando que representa un retroceso que limitará la posibilidad de que las
personas puedan defender sus derechos ante cualquier cambio constitucional que les
afecte.
De Movimiento
Ciudadano razonó en contra el diputado Julián López Galeana, indicando que
eliminar los mecanismos de controversia a disposiciones que atenten contra los
derechos humanos ahondará la brecha de disparidad de los derechos reconocidos,
al quitar a las personas la facultad de defenderse contra los abusos del poder
y la maquinaria del Estado.
En su
oportunidad, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) manifestó su rechazo
enérgico a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, por considerar que
podría resultar en un aumento de la arbitrariedad en las decisiones
judiciales, dejando a la ciudadanía expuesta y vulnerable a los abusos de
poder.
De la misma forma, la
diputada María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) indicó que estas reformas buscan prohibir la
impugnación de las reformas constitucionales por medio de amparos,
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, lo que contradice
el principio de control constitucional que permite revisar la validez de los
actos del Poder Reformador, especialmente cuando se trata de posibles
violaciones al proceso legislativo o a los derechos humanos.
A favor se
manifestó el diputado Édgar Ventura de la Cruz (PT), señalando que las reformas
tienen como propósito blindar a favor del pueblo mexicano todas las reformas
constitucionales que realice el Constituyente Permanente, que fue electo por la
mayoría de las y los mexicanos.
Por su parte, el coordinador del
Partido Verde Ecologista de México, diputado Alejandro Carabias Icaza,
coincidió en que el objetivo de la reforma es dar certeza y seguridad jurídica
al proceso de reforma constitucional, estableciendo con claridad y sin lugar a
duda que, contra una reforma constitucional debidamente aprobada, no procederán
ni el juicio de amparo ni la controversia constitucional.
Además, consideró que con esta reforma
se busca proteger la soberanía del pueblo y su capacidad de reformar la
Constitución a través de sus representantes legítimos.
Por último, a
nombre del Grupo Parlamentario de Morena razonó a favor el diputado Pablo Amílcar
Sandoval Ballesteros, quien aseguró que con estas reformas se busca proteger la
voluntad del pueblo de México, contra un pequeño grupo obstinado en
obstaculizar la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos.
Agregó que
esta fue una decisión del pueblo de México y no de una pequeña cúpula, como
ocurrió en años anteriores, donde los mexicanos sufrieron reformas impuestas
con métodos antidemocráticos.